Otorgan prisión domiciliaria al empresario acusado de abuso sexual y la decisión genera cuestionamientos judiciales

Kinderman está acusado por la Unidad Fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, siete hechos en concurso real”. De acuerdo con la calificación legal, en caso de ser hallado penalmente responsable, la pena prevista podría alcanzar un mínimo de 20 años de prisión.
El imputado había sido detenido a comienzos de octubre, luego de que la denuncia tomara estado público. Desde entonces, se sucedieron distintas audiencias en el marco del proceso judicial.
La decisión judicial y los fundamentos
En la audiencia celebrada el 18 de diciembre, el juez resolvió prorrogar la prisión preventiva, pero concedió el cumplimiento bajo la modalidad domiciliaria. El beneficio fue otorgado a pedido de la defensa del imputado.
Tanto el Ministerio Público de la Acusación como la querella se opusieron a la solicitud y consideraron que el pedido era prematuro, además de advertir que la medida podría afectar el normal desarrollo de la investigación.
Según consta en el expediente, las partes señalaron que el imputado presenta riesgo de fuga y que no se encontrarían reunidos los requisitos establecidos por el artículo 10 del Código Procesal Penal de la Nación para acceder a la detención domiciliaria.
Marco legal y cuestionamientos
El artículo 10 del Código Procesal Penal prevé la prisión domiciliaria en situaciones específicas, como enfermedades graves que no puedan ser tratadas en un establecimiento penitenciario, enfermedades terminales, discapacidad severa, personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas o madres de niños pequeños o personas con discapacidad a cargo.
De acuerdo a los datos incorporados a la causa, el imputado no encuadraría en ninguno de esos supuestos, aspecto que fue señalado por las partes acusadoras al momento de oponerse a la medida.
Desde el ámbito judicial, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y que la resolución fue considerada prematura por los investigadores.
Estado de la causa y apelaciones
Los informes psicológicos realizados por profesionales del Ministerio Público de la Acusación fueron incorporados al expediente como parte de las medidas probatorias. Dichos informes forman parte del análisis que realiza la fiscalía en la construcción de la teoría del caso.
Tras conocerse la resolución, tanto la Unidad Fiscal interviniente como la querella interpusieron recursos de apelación y solicitaron la nulidad de la medida. Además, se aguarda la convocatoria a una nueva audiencia durante el transcurso de la feria judicial.
La causa continúa su curso en el ámbito judicial, mientras se analiza el alcance de la decisión adoptada y se espera una definición por parte de los tribunales superiores sobre la situación procesal del imputado y las condiciones de su detención.
Fuente: www.lavozdejujuy.com



